Hay momentos en la vida pública española en los que uno siente que ha entrado sin querer en un teatro del absurdo, pero no de esos que se estudian en literatura, sino uno más cutre, más improvisado, más propio de tertulia de madrugada. Y uno de esos momentos es cuando ciertos gobernantes deciden pontificar sobre un acto jurídico de alta complejidad como si estuvieran opinando sobre el tiempo que hará mañana.
Porque el cierre de una instrucción judicial —con sus tomos, sus anexos, sus periciales, sus autos, sus recursos, sus matices procesales— no es precisamente un folleto turístico. Es un mecanismo técnico, lento, formalista, lleno de engranajes que solo encajan cuando se respetan los tiempos y los procedimientos. Pero eso da igual. Lo importante no es el contenido, sino la oportunidad de convertirlo en munición política.
Y ahí empieza la función.
De pronto, quienes deberían ser los primeros en respetar la separación de poderes se transforman en comentaristas de barra de bar, opinando con una seguridad que ni los propios juristas se atreven a exhibir. No importa que el acto jurídico sea complejo. No importa que el cierre de instrucción sea un paso técnico, no una sentencia. No importa que el envío a juicio no implique culpabilidad. Lo que importa es la narrativa, el relato, el titular fácil, la frase contundente que se pueda repetir en bucle.
Es fascinante observar cómo algunos gobernantes desarrollan una especie de superpoder retórico: la capacidad de reducir meses de trabajo judicial a un eslogan de quince segundos. Y lo hacen con una mezcla de indignación performativa y falsa solemnidad que roza lo teatral. Una indignación que no nace del derecho, sino del cálculo político. Una indignación que no busca claridad, sino control del marco.
Porque en España, cuando un caso judicial toca a alguien cercano al poder, el ecosistema político-mediático se transforma en un circo romano. Y cada actor quiere su cuota de protagonismo. Unos para defender, otros para atacar, otros para insinuar, otros para sembrar dudas sobre la justicia, otros para presentarse como víctimas de conspiraciones, otros para erigirse en guardianes de la moral pública. Todos compiten por el foco, mientras el proceso judicial —ese que realmente importa— queda relegado a un segundo plano.
El resultado es un paisaje donde la complejidad jurídica se convierte en decorado, y la política en espectáculo. Donde el respeto institucional se sustituye por la teatralidad. Donde la prudencia se cambia por la sobreactuación. Donde la justicia se usa como arma arrojadiza, como si fuera un accesorio más del debate público.
Y mientras tanto, la ciudadanía asiste a este desfile de declaraciones como quien ve una serie que ya ha visto demasiadas veces:
—La trama es la misma.
—Los personajes son los mismos.
—Los giros son previsibles.
—Y el final siempre es decepcionante.
Porque lo verdaderamente corrosivo no es que algunos gobernantes opinen sobre un acto jurídico complejo. Lo corrosivo es que lo hagan sin rigor, sin respeto y sin responsabilidad, utilizando la justicia como escenario para su propio espectáculo político.
Y lo ácido, lo realmente ácido, es que ya ni sorprende.
PS: Que nadie se engañe. La justicia seguirá su curso, con sus tiempos y sus tecnicismos, mientras la política seguirá buscando focos, no respuestas. Y quizá ese sea el verdadero escándalo: que un acto jurídico complejo se trate con menos rigor que un comentario en redes. El banquillo no degrada las instituciones; lo hace la ligereza con la que algunos lo utilizan para su propio guion.
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